Fiscal General de la República presentó Informe Anual 2013 ante la Asamblea Nacional

Luisa Ortega Diaz

Luisa Ortega Diaz

Destacó los logros de una gestión transformadora

Caracas, 21 de enero de 2014) La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó este martes 21 de enero ante la Asamblea Nacional (AN), el Informe Anual del Ministerio Público correspondiente al año 2013, en el que destacó los cambios trascendentales que ha tenido la institución en el marco de una gestión que durante los últimos seis años ha sido de carácter transformador.

Más allá de una enumeración de cifras, Ortega Díaz puso énfasis en que los logros de la institución constituyen una respuesta eficiente al tema de la impunidad, con un Ministerio Público fortalecido, cimentado en valores constitucionales, garantista del debido proceso y del respeto a los derechos humanos, y sumado a la propuesta de paz realizada por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Durante su intervención ante los parlamentarios, indicó que su gestión se ha erigido como una transformación que ha sacudido las bases del Ministerio Público, imprimiéndole a toda la estructura y a las investigaciones penales, el dinamismo necesario para combatir la criminalidad y hacer justicia con celeridad procesal.

Para ello, las creaciones de fiscalías municipales, de juicio, de las unidades criminalísticas contra la vulneración de derechos fundamentales, salas de flagrancia, Escuela Nacional de Fiscales, unidades especializadas para la atención de víctimas, de la Unidad Anticorrupción, Unidad Antisecuestro y Extorsión, de la Coordinación Nacional de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, entre otras, han tenido un impacto directo en el funcionamiento global del sistema de justicia penal.

Crecimiento institucional

En el balance presentado, se precisa que durante el año 2013, el Ministerio Público inauguró 46 dependencias, de las cuales 31 fueron fiscalías y 15 unidades de apoyo técnico a la labor de investigación que realizan los fiscales.

Dentro de esas creaciones, cuatro son fiscalías municipales; una Coordinación de Peritaje con sus divisiones de Peritaje Vehicular, Médico Forense, Contable y Avalúo, y de Sistemas de Tecnología de Información; además, una Sala para coordinar actuaciones de las fiscalías de juicio; dos fiscalías en materia indígena; y los nuevos modelos de dependencias fiscales en Caracas, Lara y Portuguesa que han cuadruplicado las investigaciones, aparte de una multidisciplinaria en Ciudad Caribia.

Subrayó la labor de la División de Peritaje Médico Forense que ha constituido un éxito al atender en apenas cinco meses un mil 274 víctimas, situación que ha permitido descongestionar el Instituto Nacional de Ciencias Forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Caracas.

Un acierto fueron los resultados de la línea 0800-CARROMP (0800-2277667) para atender a las víctimas de hurto y robo de vehículos durante las 24 horas del día, que junto con la sección incorporada en el portal web de la institución (www.mp.gob.ve) de la lista de vehículos recuperados, permitió recibir 2.914 llamadas de interesados en búsqueda de información y requerimientos.

La Fiscal General indicó a los parlamentarios que durante el 2013 ingresaron al Ministerio Público 599.868 asuntos, mientras que los casos egresados totalizaron un millón 300 mil 358, de los cuales un millón 223 mil 543 corresponden a investigaciones penales.

Respecto a esta última cifra, el 89,85%, es decir, un millón 99 mil 329 casos, tuvieron sus actos conclusivos, con la característica de que los egresos casi triplican los ingresos.

Recordó que producto del régimen procesal transitorio, la institución heredó más de 20 millones de expedientes anteriores a 1999, hecho que olvidan quienes constantemente cuestionan la labor de la institución y de la lucha contra la impunidad.

Se refirió a las distintas fiscalías y las 13 salas de flagrancia que recibieron 124 mil 365 procedimientos penales, con un total de 172 mil 394 personas.

Dijo que los fiscales realizaron 84 mil 749 imputaciones y más de 700 mil actuaciones judiciales (privativas de libertad, audiencias de juicio, prohibiciones de salida del país, órdenes de aprehensión, entre otras).

Contra las mafias

Conscientes de que la criminalidad se ha aprovechado de los adelantos científicos y tecnológicos surgidos en un mundo globalizado, la gestión de Ortega Díaz ha fortalecido la lucha contra la delincuencia organizada.

Hizo mención a las elevadas condenas que se produjeron por casos en las que actuaron fiscales adscritos a la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada a través de sus dos direcciones de línea.

En ese sentido, los fiscales de la Dirección contra Drogas dieron una lucha frontal contra el flagelo, se registraron 9 mil 282 acusaciones y se realizaron 12 mil 794 imputaciones, además de coordinar con otros organismos del Estado la ejecución de 238 actos de incineración que permitieron la destrucción de más de 48 mil kilogramos de distintas drogas.

Además, se incautaron 4 mil 320 toneladas de sustancias utilizadas para la elaboración de drogas ilícitas.

También, a través de la Dirección contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, se logró que de 243 actos conclusivos, 170 fueron acusaciones, aparte de otras 208 imputaciones.

En otros casos, se logró la destrucción de miles de máquinas traganíqueles, tarjetas de juego, mesas y ruletas; y la recuperación de bienes muebles y altas sumas de dinero en bolívares y euros.

Igualmente, a través del trabajo de la Unidad Antiextorsión y Secuestro, se logró la liberación de personas secuestradas y el establecimiento de responsabilidades penales contra quienes cometieron tales acciones delictivas.

También se creó una Coordinación de Asuntos Fronterizos para atender las distintas modalidades delictivas en esas zonas del país.

Por otro lado, durante el año 2013, el país se vio sometido a una serie de situaciones en el orden económico, ante las que el Ministerio Público tuvo una vital participación. De allí que se coordinó con funcionarios de la Comisión de Administración de Divisas y otros organismos, diversos operativos de inspección a la data e instrumentos de viaje de los pasajeros con destino al extranjero, permitiendo que a través de la verificación, control y asistencia a 2 mil 500 usuarios, se detectaran una serie de irregularidades administrativas y penales relacionadas con el tema cambiario.

La Fiscal General precisó que la institución se sumó la ofensiva económica para proteger a la población.

De esta manera, se coordinó con el Órgano Superior para la Defensa de la Economía e instituciones con competencia en la fiscalización, las inspecciones a establecimientos comerciales que incurrieron en delitos de especulación, acaparamiento y usura, participando el Ministerio Público en 178 intervenciones, se iniciaron 115 procedimientos penales y 63 administrativos.

También, a través de la Dirección General de Actuación Procesal se trabajó articuladamente con otras instituciones del Estado para inutilizar 16 mil 436 armas de fuego, por lo que Ortega Díaz dijo que se debe impulsar el desarme para lograr la paz.

La Fiscal General subrayó que para la elección presidencial del 14 de abril, se designaron 2.042 funcionarios del Ministerio Público en articulación con el Consejo Nacional Electoral y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para garantizar la paz, tranquilidad, garantizar el derecho al voto y atender los ilícitos y delitos electorales.

Lamentó que luego de anunciarse el resultado, factores políticos al margen de la ley hicieron llamado a desconocer el gobierno legítimamente electo de Nicolás Maduro, situación que dejó un balance lamentable de nueve venezolanos fallecidos, entre ellos dos niños, además de 108 personas heridas.

“Por estos casos se presentaron acusaciones contra 92 personas en su mayoría por homicidio y lesiones graves, de las cuales 28 están privadas de libertad, cinco con órdenes de aprehensión, pero la investigación no ha culminado”, enfatizó la Fiscal General.

Por otra parte, recordó que en materia de violencia contra la mujer, se introdujo ante la Asamblea Nacional la propuesta de incorporar el delito de femicidio a la legislación nacional, y se está a la espera de su segunda discusión.

El flagelo de la corrupción

Durante su disertación ante la AN, explicó que durante el 2013 se determinó la existencia de muchas actividades que atentan fundamentalmente contra el patrimonio público. Los fiscales adscritos a la Dirección contra la Corrupción registraron 7 mil 255 casos egresados, de ellos 6 mil 819 fueron actos conclusivos, además de la realización de 2 mil 163 imputaciones por diversos delitos relacionados con esta materia.

En el segundo semestre, se estructuró una metodología de trabajo que permitió impulsar las actuaciones contra la corrupción, obteniendo entre otros logros, los siguientes resultados: 568 personas aprehendidas, 286 condenadas por admisión de hechos y 51 condenadas en juicio.

Destacó las resultas obtenidas con ocasión a la gestión de cuatro exalcaldes que fueron imputados y privados de libertad por hechos de corrupción.

Ortega Díaz destacó la investigación por la transferencia de recursos públicos a destinos distintos de los autorizados en la empresa CVG Ferrominera del Orinoco, hecho por el que fueron acusados el expresidente de la empresa, un exgerente de finanzas, el ex consultor jurídico, un ex gerente técnico de operaciones mineras y un exgerente de administración y finanzas de la mencionada empresa. Igualmente, fue acusado un empresario intermediario.

Otro caso destacado es el relacionado con los desembolsos de fondos económicos autorizados por el Fondo Conjunto Chino Venezolano, que fueron pagados por el Bandes, investigación que permitió obtener información para acusar a ocho personas.

En materia de lucha contra la corrupción, la máxima representante del Ministerio Público solicitó tres declaratorias de haber mérito para proseguir causa penal contra los siguientes diputados a la Asamblea Nacional: Richard Mardo Mardo, María Mercedes Aranguren Nassif y Juan Carlos Caldera.

En los casos de Mardo y Aranguren, el Tribunal Supremo de Justicia declaró procedentes el antejuicio de mérito.

Sigue la búsqueda de la verdad

Durante su intervención, Ortega Díaz, quien además es presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad, se refirió a la labor realizada por esta instancia en el año recién finalizado.

Los logros y alcances de la Comisión en el lapso de nueve meses abarcaron 171 investigaciones de víctimas por desapariciones, torturas y homicidios impulsadas en conjunto con el Ministerio Público.

El trabajo mancomunado entre la Comisión y el Ministerio Público permitió que se lograra ubicar e identificar a dos luchadores sociales desaparecidos entre las décadas de los años 60 y 70.

El 19 de enero de 2013 fue trascendental para el Ministerio Público, pues en esa fecha la Fiscal General anunció el hallazgo de los restos del estudiante universitario Noel Gregorio Rodríguez Mata, quien había desaparecido el 29 de junio de 1973.

Después de un sinnúmero de diligencias y luego de 16 exhumaciones en los nichos del Cementerio General del Sur, efectuadas por expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, Rodríguez fue plenamente identificado y se determinó que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico severo por fracturas en la base del cráneo y huesos del macizo facial, derivadas de las torturas de las que fue objeto.

La máxima representante del Ministerio Público señaló que por este caso existe una persona solicitada con código rojo de Interpol.

El otro caso emblemático es el de Santos Rafael Martiarena, dirigente social de los años 60, desaparecido el 28 de marzo de 1969 por funcionarios del Ejército en el sector de El Limón, al norte del cerro Turimiquire del estado Sucre.

El 16 de junio de 2013 fueron ubicados sus restos, exhumados y trasladados a Caracas para realizar las experticias técnicas y científicas necesarias.

Los resultados de las experticias realizadas por la Unidad Criminalística concluyeron que los restos óseos encontrados en el sector Palmarito del mencionado cerro, corresponden a Martiarena, concluyendo que la muerte se produjo por fractura cráneo encefálica a consecuencia de heridas por arma de fuego.

Sus restos fueron entregados a sus familiares el 19 de octubre de 2013 por la Fiscal General, en el Teatro “Luis Mariano Rivera” en Cumaná.

Ortega Díaz aprovecho para recordarle a los parlamentarios y a la opinión pública, que así (con desapariciones y torturas) se resolvían los conflictos políticos durante esa época (1958-1998).

 

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